El otro Eyjafjallajökull

El 14 de abril de 2010 una isla poco más grande que Portugal, completamente desapercibida para la mayoría de la población, pasó a ocupar las portadas de todos los noticiarios: el volcán Eyjafjallajökull había arrojado tal cantidad de ceniza a la atmósfera que había que cerrar el espacio aéreo sobre la mayor parte del norte de Europa, afectando a los planes de viaje de millones de pasajeros. Sin embargo, no era la única erupción que vivía el país en ese momento, aunque fuera menos mediática.

3 años antes, Islandia destronaba a Noruega como país más desarrollado del mundo (según el Índice de Desarrollo Humano o IDH) fruto de las políticas económicas dictadas por el Fondo Monetario Interncional (FMI) presidido por Rodrigo Rato (ministro de Economía durante el gobierno de Aznar), quien calificaba el sistema económico islandés de “ejemplar”.

Un año después, el país quebró. Los 3 principales bancos declararon bancarrota y fueron nacionalizados, los valores en bolsa se hundieron un 70% y la corona islandesa perdió la mitad de su valor. Ante la situación, el gobierno siguió el manual: acudir (otra vez) al FMI: Islandia pasó a ser el primer país occidental en recibir un préstamo (de 2.200 millones de dólares) del FMI desde 1976. Su deuda externa se convirtió entonces en nueve veces su PIB.

Todo lo anterior no difiere demasiado de lo sucedido en Grecia o Irlanda, sin embargo, esta vez el volcán estalló: cientos de miles de ciudadanos, un tercio de la población, se echaron a la calle; los intentos de represión fueron inútiles contra una marea humana que no se manifestaba desde 1949 con motivo de la creación de la OTAN. Las exigencias de los ciudadanos fueron rotundas: dimisión del ejecutivo y del gobernador del Banco Central.

El primer ministro, Geir Haarde, bajo la enorme presión popular decidió llamar a un referéndum para pagar la deuda, y un 93% dijo NO. Inmediatamente se convocaron elecciones anticipadas en las que salió la socialdemócrata Jóhanna Sigurðardóttir al frente del ejecutivo.

Entre otras iniciativas se creó una comisión de Investigación Especial del Parlamento para investigar la deuda de capitales de la corona inglesa y holandesa, así como las condiciones del préstamo del FMI. La publicación de documentos internos de los bancos en Wikileaks demostraba las prácticas corruptas de los bancos y los inversionistas que habían retirado su dinero poco antes de la quiebra.

Figuras líderes de Islandia, incluyendo al ex primer ministro así como al ex gobernador del Banco Central, fueron acusados de “extrema negligencia”. Año y medio después de la bancarrota la policía ha empezado a detener a algunos de los principales banqueros mientras otros antiguos cargos ejecutivos y propietarios se enfrentan a pleitos de dos mil millones de dólares. El gobierno de Sigurðardóttir ha convertido a Islandia en el primer país europeo que no premia a los banqueros sino que los mete presos; ya mandó arrestar a más de 130 responsables y ha pedido a la INTERPOL una orden de detención para muchos que se fugaron.

“Los bancos privados fracasaron, el sistema regulador fracasó, los políticos fracasaron, la administración fracasó, los medios fracasaron y la ideología de un mercado libre y desregulado fracasó por completo” – JÓHANNA SIGURðARDÓTTIR, primera ministra de Islandia.

Reino Unido y Holanda, a causa de la quiebra del banco Icesave, en el que muchos británicos y holandeses habían ingresado fondos, reclamaban al Gobierno islandés el reembolso de indemnizaciones, próximas a los 4.000 millones de euros. El gobierno británico amenazó a Islandia con bloquear una eventual solicitud de ingreso en la Unión Europea (UE) si se negaban a ratificar una ley de indemnización de acreedores extranjeros.

Este mismo año se ha vuelto a someter a referéndum el pago de la deuda, ante las presiones de los citados países, y por segunda vez Islandia ha rechazado pagar la deuda privada con fondos públicos, a pesar de que la gran mayoría de grupos políticos apoyaban el “si” y ante la irritación de Bruselas y del Banco Central Europeo que observan incrédulos que un país se atreva a no seguir sus órdenes de austeridad y recortes draconianos para defender a los grandes intereses financieros.

Tras las medidas tomadas por los ciudadanos la economía vuelve a asomarse y crecer; ningún país ha salido tan rápido de la crisis

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